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CERMI.ES semanal el periódico de la discapacidad.

viernes, 20 de abril de 2012cermi.es semanal Nº 30

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"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Opinión

CERMI: un gran aliado

Por Leire Pajín, ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad; diputada socialista y portavoz de Medio Ambiente.

18/04/2012

A lo largo de nuestros años de Gobierno, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad –CERMI-, que ha llevado la voz de las personas con discapacidad en España a todas las instituciones centrales, regionales y locales, ha sido siempre un gran aliado, que se ha caracterizado por su labor constructiva, de colaboración y de sana crítica cuando ha sido necesario.

De su mano, el Gobierno socialista impulsó la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y, hoy por hoy, el instrumento jurídico más exigente que recoge en todas sus consecuencias el enfoque de la discapacidad basado en derechos.

 
Como se ha destacado muchas veces, y especialmente por las organizaciones de las personas con discapacidad, la Convención constituye un verdadero cambio de paradigma en el tratamiento de la discapacidad, que, en el caso de España, enlaza, consolida y sirve de avance para esa línea que establecía el mandato constitucional.
 
España estuvo, porque así nos los propusimos como Gobierno, entre los diez primeros países del mundo en ratificar la Convención, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Comenzaba entonces un proceso complejo de valoración y análisis del impacto normativo que implicaba la misma en nuestro ordenamiento jurídico.
 
En este proceso, establecimos la transversalidad como un mandato claro y fundamental a la hora de aplicar los contenidos de la Convención en el ordenamiento interno, como señala el art. 4.1, c). 
 
Para ello, contábamos con un órgano transversal como es la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, cuya estructura me alegra que el Gobierno del Partido Popular haya respetado. Pero también garantizábamos entonces para hacer esto, la participación y proactividad de todos los Departamentos ministeriales.
 
Así, en 2009 se constituyó por Acuerdo de Consejo de Ministros un grupo de trabajo compuesto por los entonces Ministerios de Sanidad y Política Social, Ciencia e Innovación, Cultura, Defensa, Economía y Hacienda, Educación, Fomento, Igualdad; Industria, Turismo y Comercio; Interior, Justicia; Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Presidencia, Política Territorial; Trabajo e Inmigración y Vivienda, con el encargo de estudiar y valorar las adaptaciones necesarias. 
 
Fruto de los trabajos de este grupo, el 30 de marzo de 2010 se aprobó el informe sobre las medidas necesarias para la adaptación de la legislación española a la Convención de la ONU y, asimismo, se encomendó a los ministerios implicados que impulsasen las reformas comprometidas en este informe.
 
En el seno de este trabajo transversal se elaboró el Primer Informe de Aplicación de la Convención, que fue remitido al Comité de la ONU, en cumplimiento del mandato de la Convención, siendo el primer país miembro de la misma en hacerlo.
 
Para llevar a cabo todas estas normas y garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los órdenes, hicimos la ley de adaptación a la convención, que fue la última que aprobamos y de la que nos sentimos orgullosos. 
 
En esta ley ha participado activamente la sociedad civil y, especialmente, las organizaciones de personas con discapacidad, tanto en su fase de preparación por el Poder Ejecutivo, como en los debates parlamentarios.
 
Esta norma acuña definitivamente el modelo de derechos humanos de la política sobre la discapacidad basado en las capacidades diferenciadas. 
 
Además, introduce una serie de cambios sustanciales en algunas normas sectoriales, claves para desarrollar y garantizar el principio esencial del que emana y que impregna toda la Convención, recogido el art. 3 a), cuando habla de “el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas”. 
 
También ha sido importante en estos años los avances en los datos y el diagnóstico de la discapacidad. Creo que la encuesta EDAD 2008, que es el nombre que recibe, puede ser considerada como “una de las operaciones estadísticas sobre la discapacidad más importantes a nivel mundial”.
 
Estas investigaciones estadísticas, así como una variada recopilación de datos, nos permiten recoger el enorme impacto en la actividad pública y que ha supuesto cambios transcendentales en la vida diaria y cotidiana de los cuatro millones de personas que viven en España con alguna discapacidad.
 
Y, de la misma manera, nos permite visibilizar los espacios donde es más necesaria una intervención desde las Administraciones Públicas.
 
También en el ámbito del empleo y la educación hemos avanzando notablemente, reduciéndose la educación especial en un 20% y siendo el colectivo donde más se ha reducido el desempleo en los últimos años a pesar de la crisis económica que atravesamos. 
 
La situación en cualquier caso, todavía precisa de muchas medidas y de seguir trabajando intensamente desde las administraciones con un sinfín de apoyos que no se pueden perder. 
 
Es importante que siga funcionando el Foro de la Educación Inclusiva que, presidido por el Ministro de Educación de España, reúne a todos los actores políticos, administrativos y asociativos que intervienen en la educación con el objetivo de garantizar la inclusividad educativa y de seguir avanzando en medidas de estímulo para la mejora del empleo ordinario de este colectivo.
 
También es fundamental seguir trabajando en la accesibilidad universal que es la condición sine qua non para la consecución plena y efectiva de los derechos de las personas con discapacidad en todo el espectro de la realidad social.
 
En definitiva desarrollar la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 que dejamos aprobada unos meses antes de abandonar el gobierno.
 
Tenemos un fuerte compromiso con el CERMI y con todo el sector de la discapacidad, un compromiso que seguiremos demostrando y renovando en el tiempo.
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